Reunión con Asistente de Congresista Meeks. Presentación del Proceso de Comunidades Negras en Colombia. Bogotá, marzo 26 del 2008.
Los afrocolombianos somos el 26% del total de la población colombiana, aunque los datos del DANE, después de un censo mal aplicado, afirman que somos el 10.6%. Los siguientes puntos dan cuenta de la situación actual de nuestra población:
1. El Racismo y Discriminación Racial. A pesar de ser la base de todos los problemas que aquejan a nuestras comunidades, no es debidamente atacado por el gobierno, que de hecho niega su existencia - así lo hizo el Presidente Uribe en el Consejo Comunal del 3 de junio de 2007- de tal manera que cada vez es mas lejano el impulso a políticas públicas que favorezcan de manera especial a nuestros pueblos y que combatan de manera eficaz el racismo estructural e institucional de que son víctimas los afrocolombianos. En conclusión si no se reconoce la existencia del racismo, la discriminación racial y la persistencia en el tiempo de las consecuencias de la esclavización, difícilmente iniciativas como la de la Comisión de Avance podrán aportar nuevos elementos para resolver los problemas de fondo.
2. La militarización de los territorios continúa. En muchas regiones afrocolombianas siguen teniendo presencia los actores armados, por ejemplo, los paramilitares siguen manteniendo casi intactas sus estructuras militares, económicas y políticas poniendo en grave riesgo los derechos y la vida de nuestras comunidades. Cabe destacar la situación de Buenaventura, allí paramilitares y guerrilleros, conjuntamente con narcotraficantes, libran una batalla para controlar lugares estratégicos de la ciudad.
La presencia de la guerrilla en los territorios colectivos aumenta el riesgo de victimización de los afrocolombianos, un ejemplo es el departamento de Nariño donde las comunidades, entre otros hechos, han sido obligadas por la guerrilla a desplazarse y los líderes de los Consejos Comunitarios están siendo presionados.
La militarización de los territorios es una política gubernamental que ha aumentado de manera sensible el riesgo que de por sí padecen las comunidades, en algunos casos la presencia del ejército se hace violando el Derecho Internacional Humanitario en la medida en que ocupan lugares como escuelas y colegios, zonas de trabajo comunitario, las casas de habitación de los pobladores, etc.
La única respuesta que da el gobierno a las exigencias hechas por los afrocolombianos es el envío de tropas, lo que aumenta el riesgo de las comunidades y además tratan a los nativos como si fueran criminales y no víctimas del conflicto. Pasa en la actualidad en los ríos del municipio de Buenaventura donde hay un operativo que amenaza con generar un desplazamiento interno de las comunidades. Pasa en el Norte del Cauca en donde en diciembre ocurrieron 9 ejecuciones extrajudiciales hechas por el ejército y actualmente hay un operativo del Ejército, que según los testimonios de las comunidades, lo están haciendo en conjunto con los paramilitares.
Cabe decir que el desplazamiento y el emplazamiento son fenómenos que continúan presentándose en las comunidades afrocolombianas tanto en contextos urbanos como rurales.
A propósito del tema, se pudo constatar la gravedad del fenómeno durante la Audiencia citada por la Corte Constitucional para hacer seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-025 en lo que respecta al tema afrocolombiano.
3. Los cultivos de uso ilícito. Los cultivos de coca para fines ilícitos se han expandido en mucho territorios afrocolombianos. Las fumigaciones han contribuido al desplazamiento forzado, al emplazamiento y al incremento de la pérdida de seguridad alimentaria de la población igualmente a la pérdida de la biodiversidad, fuentes hídricas y afectaciones a la salud de las personas. La erradicación manual impulsada por el gobierno ha aumentado el riesgo de muchas comunidades, líderes y Consejos Comunitarios, especialmente en los departamentos de Valle y Nariño. Las iniciativas de erradicación autónoma impulsada por las comunidades no son debidamente apoyadas por el gobierno, por ejemplo, en el departamento del Valle varios Consejos Comunitarios adelantan iniciativas para avanzar en la erradicación autónoma de la coca de sus territorios.
4. Monocultivo de palma aceitera: Mientras los afrocolombianos luchan por mantener la biodiversidad de los territorios, el gobierno alienta a las empresas palmicultoras para que despojen a los nativos de sus territorios. Por ejemplo en Guapi - Cauca mediante la implementación de una mal llamada alianza entre Consejos Comunitarios y empresas palmeras - donde la Asociación de Municipios con Población Afrocolombiana -AMUNAFROC- aparece como testigo del mal llamado acuerdo- ya que se hizo sin el debido respeto al derecho fundamental de la Consulta Previa y sin el cumplimiento de la legislación ambiental. Dicho por el Ministerio del Interior durante la Audiencia de Seguimiento a la Sentencia T-025 sobre desplazamiento forzado, en el caso de afrocolombianos donde se acepta a los megaproyectos de palma como causantes de desplazamiento forzado nunca se ha surtido un proceso de Consulta previa. Situaciones similares, donde se comprometen los derechos territoriales para favorecer a la palma se viven en Jiguamiandó, Curvaradó, Magdalena medio y Tumaco.
5. Riesgo sobre los líderes y organizaciones afrocolombianas. Las luchas adelantadas por las comunidades, organizaciones y líderes afrocolombianos han hecho que el riesgo sea cada vez mayor ya que varios líderes de las comunidades han sido declarados objetivo militar, siendo además hostigados por la fuerza pública. Los programas y medidas de protección adoptados por el gobierno para líderes y comunidades son ineficaces y no pertinentes, y muchas de las propias iniciativas comunitarias, como la formulación de planes de contingencia y de autoprotección, no cuentan con el apoyo para poder implementarse. Es de gran preocupación que dentro de los amenazados después de la marcha de las víctimas del 6 de marzo de 2008, haya organizaciones y líderes afrocolombianos como es el caso de ASOMUJER Y TRABAJO.
6. Planes de Desarrollo. Los datos conocidos hasta ahora del censo de 2005 corroboran las profundas desigualdades que sufren nuestras comunidades frente a otros sectores de la población colombiana. No obstante lo anterior, iniciativas como el Plan Integral y de Largo Plazo no han sido socializadas ni concertadas. Los planes de desarrollo de las comunidades locales y los planes de manejo de los territorios colectivos, hechos respetando la visión propia de desarrollo, no han recibido el apoyo económico y político de parte del gobierno para su implementación.
Preocupa el impuso de megaproyectos inconsultos que ponen en riesgo la existencia misma de las comunidades, por ejemplo, en el Norte del Cauca el tema del Desvío del Río ovejas al Embalse la Salvajina; la presencia de Sociedad Kedhada que cuentan con el apoyo de alcaldes afrocolombianos en contra de las luchas históricas de las comunidades.
7. Violación a los derechos de participación. Hay un conjunto de iniciativas legales impulsadas por el gobierno, como la Ley de Aguas, de Páramos, la de Desarrollo Rural, Código de Minas y la Forestal -que fue declarada inconstitucional- que están lesionando enormemente los derechos de los afrocolombianos. Estas iniciativas legales, incluso iniciativas como la promulgación de un Decreto de Reparación por Vía Administrativa -dentro de la ley de Justicia y Paz -, están violando el derecho fundamental a la consulta previa de nuestras comunidades. Mención especial merece el Tratado de libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, que a pesar de ser demostrado que va a afectar los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de las comunidades negras tampoco ha sido consultado ni se han previsto medidas especiales para mitigar los impactos.
El Proceso de Comunidades y las organizaciones que de el hacen parte ubicadas en los departamentos de Valle, Cauca, Nariño, Costa Caribe y Valles Interandinos no delegan su vocería en ninguna otra persona u organización. Valora enormemente los esfuerzos hechos por las comunidades para el logro de reconocimiento de derechos individuales y colectivos establecidos en la ley 70 de 1993, entre ellos el derecho a la participación, territorio, autonomía y cultura.
El Proceso de Comunidades Negras en Colombia -PCN- deja constancia de que no comparte la creación por parte de gobierno de la Comisión de Avance.
El Proceso de Comunidades Negras en Colombia -PCN- ratifica estar de acuerdo con lo dicho por la ley 70 de 1993 en cuanto a la existencia y funciones de la Comisión Consultiva de Alto Nivel. Pero dadas las circunstancias y el funcionamiento actual de la Consultiva de Alto Nivel en cabeza de los representantes de las comunidades, el PCN no delega su vocería y representación en los mismos y aboga por su fortalecimiento a fin de superar la profunda crisis de representación de las comunidades en ella.
Atentamente,
EQUIPO DE COORDINACIÓN NACIONAL Proceso de Comunidades Negras en Colombia - PCN -

